El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de servicialidad, de reserva legal en materia tributaria, el derecho a tributos justos, como también el derecho a que los beneficios que defina el legislador sean siempre razonables, desde que le genera una situación tributaria desproporcionada e injusta, en cuanto paga más de lo que debe.
La reclamante no logró acreditar la ocurrencia de una merma real, concreta y cuantificable en su patrimonio, a efectos de configurar la causal de reserva o secreto alegada.
Se acreditó que las autoridades sectoriales adoptaron medidas para evitar los daños ambientales que lograron poner término a la emergencia acaecida.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que acogió la denuncia interpuesta por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Los Lagos.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada el 7 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Letras de Ancud, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó a la empresa a pagar $15.000.000 por daño moral, con los reajustes e intereses que indica, más el pago de las costas del juicio.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Se trata de los Centros de Engorda (CES) Midhurst (comuna de Cisnes), y Ninualac 2 (comuna de Aysén), debido a una serie de denuncias realizadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) por incumplimientos ambientales en ambos centros de cultivo relacionados con infracciones de las condiciones y normas establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs).
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la empresa eléctrica en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
