El Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo falló a favor de una comerciante que sufrió amenazas e insultos reiterados luego de una transacción comercial. La resolución establece que los actos constituyen un daño psicológico severo, que incluso llevó a la víctima a requerir atención de salud mental. Este caso subraya los límites legales frente al abuso en plataformas digitales.
Conforme a la Ley 21.331, la Isapre debía adecuar el plan de salud de la parte recurrente, para que así se equiparen tanto las prestaciones que digan relación con la salud física como las prestaciones de salud mental.
Una experta de la ONU insta al Congreso chileno a modificar su restrictiva ley del aborto y llama al país a hacer una realidad para todos sus ciudadanos el derecho a la salud, incluida la salud mental. Asimismo, manifiesta preocupación frente a denuncias de que la sanidad se ha convertido en un negocio.
En la sesión, la Comisión ad hoc también recibió mayores antecedentes de la auditoría realizada por la Contraloría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales acerca de la gestión de trasplantes de órganos.
La obligación de llevar a cabo una investigación efectiva sobre alegaciones de tratamiento que infringen el artículo 3 a manos de agentes del Estado está bien establecida en la jurisprudencia de este Tribunal. En este caso, transcurrieron tres años y cuatro meses desde la denuncia penal hasta la solicitud de sobreseimiento; y no había evidencia de que se hubieran tomado declaraciones de testigos ni realizado otras diligencias investigativas.
Rechazar licencias médicas dificulta la vida e integridad física y al no contar con el subsidio de incapacidad laboral se afecta también el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.
La decisión de registrar una iniciativa se basa exclusivamente en un análisis jurídico de su admisibilidad de acuerdo con el Reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana Europea, lo que no implica ningún pronunciamiento sobre las conclusiones legales o políticas que pueda adoptar la Comisión en una fase posterior.
Entre las disposiciones introducidas, se encuentra la limitación de ciertas prácticas de gestión de atención, tales como la autorización previa, la cual anteriormente condicionaba el acceso de los pacientes a servicios de salud mental y adicciones a la aprobación previa de las compañías aseguradoras.
Además, las y los diputados de Educación avanzaron en la votación del proyecto que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos para prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia.
La presentación de este recurso se enmarca dentro del contexto legal establecido por la Corte Suprema de Canadá en su decisión de 2015 en el caso Carter v. Canadá, que declaró inconstitucionales las secciones del Código Penal que prohibían la asistencia médica para morir.
Para algunos abogados (cerca del 25%), la situación es tan crítica que se han planteado dejar la profesión para buscar otro empleo u opositar. Un porcentaje similar, además, se ha sentido en algún momento incapaz de desempeñar su trabajo y cuatro de cada diez han pensado darse un descanso, aunque luego no lo han hecho.
