Proyecto de ley establece como requisito para la inscripción de candidaturas la entrega de una evaluación de salud mental.
Los problemas de salud mental no tratados pueden afectar la capacidad a la hora de mantener relaciones interpersonales; desempeñarse en su entorno y mantener una estabilidad en el trabajo, lo que resulta contrario al ideal armónico y constructivo que persigue la función pública.