Al rechazar la vacunación se está poniendo en riesgo a la población ante posibles brotes de enfermedades que décadas atrás causaron la muerte de personas, y que, en la actualidad, se encuentran controladas gracias al programa de inmunización del Estado.
La petición de que Chiloé sea región y una asignación especial para el personal técnico de la salud pública fueron dos resoluciones que aprobó la Cámara esta semana.
La magistratura estimó que el delito sancionado vulnera bienes jurídicos de carácter público, por lo que el reclamante no puede asilarse en el principio de unidad familiar para revertir el castigo.
Contempla la prohibición de la venta de tabaco a personas nacidas después del 1 de enero de 2009, lo que efectivamente impediría que las futuras generaciones accedan a este producto. Asimismo, se establecerían sanciones pecuniarias inmediatas para los comerciantes que vendan cigarrillos y dispositivos de vaporización a menores de edad.
La demanda enfatiza que, debido a la inacción de las autoridades federales, las compañías tabacaleras han continuado comercializando cigarrillos mentolados, lo que repercute negativamente en la salud pública, particularmente atacando a los jóvenes, mujeres y a la comunidad afroamericana.
Es cierto que las advertencias imponen una carga a los demandantes. Pero eso por sí solo no ofende la Constitución. Más bien, debemos preguntarnos si esa carga es indebida. En otras palabras, la regulación no puede imponer una carga excesiva o desproporcionada con respecto a los beneficios obtenidos.
Los padres han realizado conductas que constituyen un actuar ilegal y arbitrario que implica una afectación de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El respaldo a esta legislación fue argumentado por el Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, quien destacó los fracasos de las políticas de prohibición anteriores, que llevaron a un aumento del consumo entre los jóvenes y la proliferación del mercado negro. Lauterbach hizo hincapié en la importancia de enfocarse en la educación y en la eliminación del mercado negro como estrategias más efectivas.
La ordenanza no infringe la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, ya que el discurso requerido es factual y no controvertido, y está dirigido a promover un interés legítimo del gobierno en la prevención del suicidio y la salud pública.
Amplía y robustece la Red Asistencial que atiende a la población del sector norte de Santiago y fortalece la red de alta complejidad a nivel nacional
El juez desestimó, con costas, la reclamación deducida por BPH en contra de la resolución exenta, dictada por el Instituto de Salud Pública, que la sancionó por infringir el Código Sanitario.
