Los padres han realizado conductas que constituyen un actuar ilegal y arbitrario que implica una afectación de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El respaldo a esta legislación fue argumentado por el Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, quien destacó los fracasos de las políticas de prohibición anteriores, que llevaron a un aumento del consumo entre los jóvenes y la proliferación del mercado negro. Lauterbach hizo hincapié en la importancia de enfocarse en la educación y en la eliminación del mercado negro como estrategias más efectivas.

La ordenanza no infringe la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, ya que el discurso requerido es factual y no controvertido, y está dirigido a promover un interés legítimo del gobierno en la prevención del suicidio y la salud pública.

Amplía y robustece la Red Asistencial que atiende a la población del sector norte de Santiago y fortalece la red de alta complejidad a nivel nacional

El juez desestimó, con costas, la reclamación deducida por BPH en contra de la resolución exenta, dictada por el Instituto de Salud Pública, que la sancionó por infringir el Código Sanitario.

El Estado llevó a cabo su control de las denegaciones impugnadas según la metodología establecida en la jurisprudencia nacional. En las circunstancias de los presentes casos, no existe motivo para apartarse de las conclusiones del tribunal interno. Las autoridades nacionales lograron un justo equilibrio entre los intereses en juego y actuaron dentro de su discreción.

Ni el medicamento solicitado, ni sus principios activos, han sido evaluados por el ente especializado, el Instituto de Salud Pública. Por lo mismo, no es posible adelantar juicio sobre su efectividad.

Existiendo una licitación que sustente la tercerización del servicio, no se advierten reparos en su ejecución.

Es necesario que la primera línea de contacto, la responsable de la atención del núcleo familiar, realice una medicina integral, otorgando prioridad a las acciones de protección y fomento. En el área de atención pediátrica esto significa supervisión del crecimiento y desarrollo, prevención, observación y tratamiento oportuno de sus desviaciones.

El máximo Tribunal estimó que el cultivo de cannabis que el recurrente mantenía en su domicilio y en el de unos vecinos, era utilizado para el tratamiento de enfermedades, motivo por el que no existe peligro para la salud pública, que tutela el artículo 8 de la Ley N°20.000, y por lo tanto, el hecho carece de antijuricidad material.