La medida se extenderá por al menos 3 años y tiene por finalidad contener los altos índices de consumo de drogas entre la población, una situación que tiene a la provincia en situación de emergencia desde 2016.
Las razones de orden administrativo o económico para justificar el rechazo de la inoculación de niños y niñas de dicho grupo etario, resultan insuficientes y deben, necesariamente, ceder ante la necesidad de resguardar el interés superior y la garantía constitucional a la vida e integridad física.
Un procedimiento de tatuaje que perjudique la integridad de la piel mediante la aguja con pigmento conlleva riesgos, incluyendo infecciones y efectos secundarios derivados de la inyección del tinte. Los riesgos potenciales de este método de procedimiento podrían afectar no solo al receptor sino también al saneamiento e higiene públicos. Las normas en cuestión garantizan la seguridad del procedimiento de tatuado al permitir que solo los proveedores médicos debidamente autorizados lo realicen.
La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, que condenó al imputado como autor del delito de poner en peligro la salud pública al infringir las reglas de higiene y salubridad, a la pena de multa de 1 UTM. El […]
La severidad de la medida y la larga duración de las prohibiciones fue desproporcionada respecto a los objetivos perseguidos.
El fallo de la Corte Suprema señala que los hechos probados ante el tribunal no satisfacen la exigencia de peligro para la salud pública, por cuanto el Ministerio Público no acreditó la exigencia de generación de riesgo.
El Tribunal consideró que en la especie no se configura la falta de servicio demandada, al proceder el SAG a sacrificar a los ejemplares como medida de control de la enfermedad animal y en resguardo de la salud pública.
El Tribunal de alzada acogió el recurso de apelación deducido por la parte querellante y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Los Andes, el 1 de septiembre recién pasado.
La medida de aislar a la paciente en el hospital puede evitar el contagio a terceros.
En la especie, no se señala si la persona imputada es portador del virus Covid-19, sospechoso de portarlo, sino que se limita a señalar que incumplió con la orden administrativa vinculada al desplazamiento.
