Ni la libertad de cátedra ni la libertad de expresión amparan que el recurrente se dirija a sus alumnos haciendo comentarios respecto a su aspecto físico. En este caso se ha sancionado la conducta del recurrente que se concretó en unas expresiones, cuyo contenido es claro, no siendo relevantes esos matices que pretende realizar la parte apelante.

El hecho por el que se sanciona, desconsideración con un ciudadano, no precisa la queja o denuncia del afectado en cuestión, pudiendo ser sancionada la conducta si por cualquier otra vía llega a conocimiento del órgano competente. Esta es, por otra parte, la regla general en el derecho administrativo sancionador.

La caracterización de la gratuidad u onerosidad del mandato, tiene incidencia en la valoración de la responsabilidad contractual del mandatario, que deberá estimarse con mayor o menor rigor según que el mandato haya sido o no retribuido, operando la gratuidad como posible criterio de moderación de la responsabilidad del mandatario.

La dirección tuvo que advertir al recurrente, de manera verbal y en reiteradas ocasiones, que su actitud en el aula y respecto del alumnado, así como su práctica docente, no eran las más acertadas, ya que se habían recibido numerosas quejas del alumnado en relación al trato desconsiderado e inadecuado a los mismos.

Dichas publicaciones no serían recomendaciones ni constituirían la opinión de ella con relación al servicio de apuestas, en tanto se trata de publicaciones destinadas a promover este servicio. En efecto, las habría realizado por encargo de una empresa, a cambio de una contraprestación monetaria.

El ex clérigo extremista fue detenido en 2005 junto a otras 16 personas por planear varios atentados en un partido de rugby y contra un reactor nuclear. Fue condenado a 15 años de prisión por terrorismo; y en 2020 el gobierno australiano revocó su ciudadanía, con el fin de expulsarlo del país cuando cumpla su condena.

Aunque con un ánimo educativo el banco invite a sus clientes a usar los canales digitales para que realicen operaciones bancarias, de forma rápida y sencilla, ello no puede implicar una restricción en el servicio a los clientes.

La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.

La naturaleza de la infracción es muy grave puesto que acarrea una pérdida de disposición y control sobre el dato personal de su voz a una persona que ha sido víctima de un delito violento y contra la integridad sexual y que al difundir dicho dato personal existe un riesgo cierto de que pueda ser reconocida por terceros, con los graves daños y perjuicios que esto le ocasiona.

Al tratarse de una falta leve debe estarse al plazo de prescripción de un mes y no de dos años. El cómputo del plazo se inicia desde que la falta se hubiere cometido, de suerte que, al haber transcurrido más de un mes desde el último de los accesos indebidos al mencionado sistema informático, la infracción se encuentra prescrita.