El requirente estima que se le imponen sanciones muy gravosas sin atender a las circunstancias del caso particular, vulnerando sus garantías constitucionales.

Norma impugnada constituye una regla razonable en su aplicación en la gestión pendiente. No resulta contraría a la Constitución.

Los requirentes estiman que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.

Infringe el principio de competencia y afecta el derecho constitucional a un procedimiento e investigación justos y racionales.

Vulneran el derecho a un procedimiento justo y racional, y el principio de tipicidad.

El requirente estima que el hecho de que la autoridad pueda imponer más de una multa por la misma infracción significa una doble punición no tolerada por la Constitución.

La requirente estima que no se la puede sancionar nuevamente por los mismos hechos en sede administrativa por cuanto ello vulnera los límites de la capacidad punitiva del Estado.

La requirente estima que el hecho de aplicar una multa por razones que nada tienen que ver con la conducta infractora vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad.

Decisión sancionatoria no cuenta con la densidad de fundamentos necesaria, haciendo que el acto sea arbitrario y carente de criterios que permitan ponderar la gravedad de hechos y la respuesta punitiva correspondiente.