La controversia había sido planteada por un grupo de propietarios de predios vinculados al nuevo santuario, quienes sostenían -entre otros argumentos- que esta declaratoria era ilegal pues se había efectuado bajo la vigencia de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley N°21.600). Dicho cuerpo legal eliminó la categoría de Santuario de la Naturaleza y su procedimiento de declaración.