Ante la modificación del proyecto, se solicitó la extensión del plazo del segundo período de participación ciudadana, sin existir pronunciamiento por la recurrida.
La evaluación del impacto ambiental no solo debe considerar el proyecto de manera aislada, sino también en su interacción con el resto de las empresas que se ubican en una misma área de influencia.
La Laguna La Señoranza constituye un humedal que debiera estar protegido, y el no tomar resguardos para su protección constituye una omisión ilegal de los órganos públicos recurridos.
El Servicio reclamado descartó que no se hayan analizados los planes y programas del territorio durante la evaluación ambiental, sino que concluyó que ellos eran compatibles con el proyecto.
Las actividades y proyectos que se realicen en estaciones de ferrocarriles que sean susceptibles de causar impacto ambiental deben someterse al Sistema de Impacto Ambiental.
El proyecto en evaluación no corresponde a un “proyecto de desarrollo minero”, por lo que no corresponde abrir un proceso de participación ciudadana.
Los municipios pueden ejercer acciones ambientales en contra de las resoluciones de carácter general dictadas por el SEA.
La autoridad ambiental debe realizar un análisis previo sobre el impacto de las construcciones que se quieren realizar en el sector declarado “Zona Típica.”
El máximo Tribunal estableció que el reclamo se interpuso fuera del plazo legal de 30 días.
