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La preocupación esencial es la falta de un marco práctico para la protección del secreto profesional de los abogados en casos como el presente. Además, el derecho interno no parece contener ningún procedimiento o garantía específica para abordar el examen de los soportes de datos electrónicos y evitar que se vea comprometida la comunicación amparada por el secreto profesional.