La preocupación esencial es la falta de un marco práctico para la protección del secreto profesional de los abogados en casos como el presente. Además, el derecho interno no parece contener ningún procedimiento o garantía específica para abordar el examen de los soportes de datos electrónicos y evitar que se vea comprometida la comunicación amparada por el secreto profesional.
Secreto profesional
Prohibición de prestar servicios de asesoramiento jurídico al Gobierno ruso y a sus entidades relacionadas se ajusta a derecho, resuelve el TGUE.
Norma que tipifica el delito de injurias graves se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Requisitos que se deben cumplir para proteger el secreto profesional al ordenar allanamientos de estudios jurídicos, se establecen por el Tribunal Constitucional de Perú.
Mónaco vulneró los derechos de una abogada por orden de juez que se excedió en sus facultades en el marco de una investigación judicial, resuelve el TEDH.
El juez de instrucción amplió demasiado el alcance de su investigación y las autoridades judiciales de control no redefinieron los límites del encargo del perito para cumplir con la misión del juez. Estos límites de investigación inadecuados se vieron agravados por la falta de implementación del marco procesal protector al que le daba derecho la condición de abogada de la demandante.
Colegio de abogados argentino interpuso un amparo contra el Estado por un decreto que los obliga a informar las operaciones sospechosas de sus clientes.
La normativa UIF excluye de esta obligación a los abogados contratados para litigios, pero sí establece la responsabilidad de reportar cualquier otra relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.
Autoridades deben fundar debidamente sus decisiones al pronunciarse sobre solicitudes de traslado laboral, con observancia del deber de motivación, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
El ius variandi es una facultad con la que cuentan tanto las entidades públicas como las privadas. Esto permite variar las condiciones de tiempo, modo y lugar del trabajador y, en el caso del sector público, encuentra su razón de ser en la satisfacción del interés general. Sin embargo, esta potestad no es absoluta y debe tener en cuenta, entre otros, el derecho a la unidad familiar.
Luxemburgo vulneró la libertad de expresión de hombre que divulgó a la prensa las prácticas tributarias de su empleador, libertad que prevalece por el interés público sobre el secreto profesional.
Si bien no puede pasarse por alto el hecho de que la divulgación impugnada se llevó a cabo mediante la sustracción de datos y la violación del secreto profesional al que estaba obligado el demandante, el peso relativo de la información divulgada superó todos los efectos perjudiciales a causa del interés público que suscitó.
Abogados no tienen la obligación de informar a las autoridades fiscales u a otros intermediarios implicados en planificaciones transfronterizas para evitar la elusión y evasión fiscal, resuelve el TJUE.
Quienes consultan a un abogado pueden esperar razonablemente que sus comunicaciones permanezcan privadas y confidenciales.
Las disposiciones de una ley deben mantener correspondencia con su contenido temático o ideas matrices pues en caso contrario tendrán vicios de forma.
El principio de unidad de materia tiene como finalidad la racionalización de la actividad legislativa, no solo en relación con el diseño de cuerpos normativos dotados de coherencia, sino también con la democracia deliberativa y la organización de un adecuado debate público centrado en una materia más o menos delimitada sin dispersiones inadecuadas.
Libertad de información, «fake news» y secreto profesional, por Manuel Jaén.
El autor sostiene que no es nada fácil alcanzar un régimen de opinión plenamente libre, pues los peligros que lo acechan son múltiples, desde la manipulación dolosa de las noticias por parte de los informadores, hasta la monopolización de las distintas agencias de noticias a nivel mundial.