El Tribunal de alzada rebajó la pena de primera instancia de 20 años de presidio, dictada por el ministro Álvaro Mesa Latorre, por considerar que en la especie no concurre la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal; es decir, prevalerse el ejecutor en la comisión del delito de la calidad de agente del Estado.