Existe una identificación precisa de la desheredada que era sujeto de imputación al tiempo de hacerse la desheredación. No hay ninguna disposición específica en la Ley, ni pronunciamiento en la jurisprudencia, ni doctrina, por los que se exija la notificación de la desheredación al afectado por ella.
La percepción de la indemnización de vestuario a que se refiere la norma pretende compensar a todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, por razón de servicio están a obligados a utilizar una vestimenta de paisano acorde con la naturaleza de ese servicio y la entidad de las situaciones y circunstancias que rodean el servicio.
La falta de claridad terminó por sorprender al actor, porque las diligencias posteriores a la audiencia en la que se decidió en su contra fueron las que aseguraron que él comprendiera la decisión y porque la incomprensión y falta de motivación fue tal que el objeto del proceso policivo se amplió sin que el afectado pudiera advertirlo. La autoridad no asumió el deber reforzado de claridad que se deriva del hecho de que el afectado no tuviera abogado.
La ley permite a las entidades locales implementar o apoyar acciones de cooperación internacional, ayuda al desarrollo o humanitarias, sin que estas deban responder a un interés público local específico ni involucrar a autoridades extranjeras. Estas acciones deben respetar los compromisos internacionales de Francia y no interferir en la conducción de las relaciones internacionales por parte del Estado.
El diseño de la aplicación podía inducir a los consumidores a creer que el monto predeterminado de la propina debía ser pagado obligatoriamente, lo cual contradice el carácter voluntario de dicho concepto.
Dictaminó que la discriminación existe aunque no es un problema sistémico, y que los controles de identidad no están dirigidos a un grupo determinado. No corresponde al juez administrativo redefinir las políticas de orden público implementadas por el gobierno.
La denunciante no ha demostrado ser titular de derechos de autor sobre los materiales objeto de denuncia. Los elementos adicionales que aparecen sobre las imágenes (rectángulos que contienen frases o expresiones) tampoco presentan rasgos particulares que denoten un mínimo de originalidad, por lo que no pueden ser protegidos por el derecho de Autor.
Aunque calificada de sanción administrativa por la normativa nacional, una multa pecuniaria impuesta a una compañía por la autoridad nacional competente en materia de protección de los consumidores para sancionar prácticas comerciales desleales constituye una sanción penal cuando persigue una finalidad represiva y presenta un nivel de gravedad elevado.
De conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves para la seguridad pública pueden justificar una injerencia grave en los derechos fundamentales, como la que supone la conservación de los datos de tráfico y de localización.
No existe nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público, presupuesto imprescindible para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Ello se deriva de las circunstancias del caso, por lo que cabe concluir que el servicio público ha funcionado dentro de los parámetros de razonabilidad de la prestación al haber asistido a la víctima con prontitud.
Si el órgano administrativo entendió que la notificación de la resolución sancionadora era irregular, razones de seguridad jurídica además de lo así recogido en la norma necesariamente llevan a que así se considere igualmente en relación a la resta de puntos acordada en el seno de dichos expedientes, que se ven privados así de la necesaria ejecutividad de la sanción al entenderla en definitiva como una resolución no notificada.
