Los procesos pueden interferir en la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones constitucionales, lo que sería incompatible con el diseño institucional del gobierno federal. En consecuencia, el fiscal solicitó que los casos fueran desestimados, sin perjuicio de que puedan ser retomados en el futuro si las circunstancias lo ameritan.
La asociación demandante no interpuso un procedimiento contencioso administrativo ni alegó que tal recurso fuera inaccesible o ineficaz. Por lo tanto, incumplió la obligación establecida en el Convenio Europeo de utilizar primero todos los recursos disponibles a nivel nacional antes de llevar su caso ante este Tribunal.
La causal de enemistad, odio, o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos, debe tener apoyo en circunstancias objetivamente comprobables, con aptitud para justificar el apartamiento de los jueces por hallarse comprometida su imparcialidad, y surge con absoluta evidencia que esos extremos no concurren si quien formula tales alegaciones sólo infiere la parcialidad, de las dogmáticas conclusiones que extrae de un examen fragmentario.
El poder de designar amicus curiae se deriva de la jurisdicción inherente de los tribunales para gestionar su propio procedimiento a fin de garantizar un juicio justo. El papel del amicus es altamente adaptable y puede abarcar un amplio espectro de funciones. Sin embargo, su rol no está exento de límites, ya que existen peligros que surgen al combinar los roles de abogado defensor y amicus.
Solicitud de suspensión del procedimiento penal por abuso de proceso, solo debe desestimarse sumariamente si es manifiestamente frívola. Este umbral es el que mejor preserva los juicios justos, protege el derecho del acusado a la plena respuesta y defensa, y garantiza procedimientos judiciales eficientes.
La reparación integral es un derecho de rango constitucional, que tiene como finalidad resarcir los daños ocasionados a víctimas de infracciones penales, así como también de violaciones a los derechos humanos y constitucionales. La reparación integral hace referencia a los daños materiales o pecuniarios generados en perjuicio del patrimonio de la víctima, y a los daños de carácter inmaterial.
Se debe observar el principio pro persona, que favorece al procesado y a sus derechos cuando existe duda. Por ende, la sola lectura en audiencia de la sentencia penal no es una notificación válida. A efectos de generar seguridad jurídica y predictibilidad en casos futuros, la interpretación más favorable para los procesados es la que prescribe la notificación por cedula.
Corte Suprema confirmó el pago de indemnizaciones a la victima de un accidente de tránsito, al constatar que la demanda civil se tramitó conforme a las reglas de los artículos 62 y 263 del Código Procesal Penal.
