El juez señaló que las leyes de verificación de antecedentes de municiones violan el derecho de los ciudadanos a la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a poseer armas. Expresó que el enfoque original propuesto por los votantes, un permiso de compra de municiones de 4 años y $50, habría sido constitucionalmente más razonable que el sistema actual.