El Tribunal determinó llevar a cabo las audiencias consecutivas, pues existe una relación entre ambas causas, específicamente respecto del cargo N° 8, formulado en el procedimiento sancionatorio contra Enap, y la metodología de medición de las emisiones de la Refinería Aconcagua establecida por la SMA.
Los sentenciadores concluyen que la resolución reclamada, al rechazar las solicitudes de invalidación y exigir el retiro del asbesto como parte de la obligación solidaria de saneamiento, se encuentra conforme a derecho, puesto que, atendida su naturaleza, no puede entenderse esta obligación desligada de aquélla. De esta forma, no habiendo incurrido la referida resolución en ilegalidad alguna, la reclamación será rechazada en todas sus partes.
El Tribunal fue desechando las alegaciones de los reclamantes vinculadas a: una eventual ilegalidad pues el proyecto se habría iniciado antes de obtener la RCA favorable, una deficiencia en la evaluación por presencia de efectos del asbesto, una inadecuada ponderación del riesgo a la salud por emisiones de material particulado (MP10) y el eventual incumplimiento del compromiso ambiental voluntario por parte de la empresa, entre otros aspectos.
“A juicio de estos sentenciadores, la SMA transgredió el principio de congruencia al modificar la ponderación de una circunstancia que no se encontraba alegada por la recurrente, vicio que incide directamente en la determinación del monto total de la multa impuesta a la reclamante Áridos Cachapoal», dice el fallo.
El fallo recuerda que la Ley N°19.300 indica que la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable de un proyecto o actividad caducará transcurrido 5 años sin que se haya iniciado su ejecución, mientras que el Reglamento del SEIA establece que la gestión, acto o faena mínima que dará cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente debe estar indicada en el respectivo Estudio o Declaración de Impacto Ambiental.
La sentencia ambiental centra su análisis en la controversia planteada por la empresa que acusaba un error en las notificaciones que la SMA realizó en el marco del procedimiento, lo que podría haber implicado la nulidad de la notificación de la formulación de cargos y las demás resoluciones del procedimiento.
Sentencia indica que el proyecto es compatible territorialmente y que la autoridad ambiental desarrolló correctamente el proceso de evaluación de la iniciativa inmobiliaria.
Lo anterior, en el marco de la medida urgente y transitoria (MUT) ordenada en enero de este año contra el titular, Casablanca Transmisora de Energía S.A., por la ejecución del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla- Nueva Casablanca- La Pólvora- Agua Santa” que se emplazará en distintos puntos de las regiones Metropolitana y Valparaíso.
El proyecto tiene por objeto sanear -es decir, recuperar y limpiar- el terreno Las Salinas, el cual resultó contaminado con hidrocarburos a raíz de las actividades que se ejercieron en el lugar desde el año 1919, utilizando la técnica de biorremediación.
Al entrar al análisis de las cifras totales, la ministra presidenta Marcela Godoy Flores explicó que “si consideramos la cantidad de sentencias dictadas y el número de conciliaciones alcanzadas, nuestro tribunal aumentó en un 11,76% la resolución de conflictos jurisdiccionales respecto del año precedente, obteniendo un alza de un 6,25% en la dictación de sentencias y pasando de 2 a 4 el número de conciliaciones celebradas. Todo ello, pese a no contar con la conformación completa de ministros titulares y suplentes, en los términos que prevé la Ley N°20.600”, expresó.
Para dilucidar la controversia, el Tribunal no solo analizó todos los antecedentes presentados en la causa, sino que también ordenó la realización de un peritaje externo, para precisar el análisis de las metodologías utilizadas en el contexto de los cargos imputados a Metro. Lo anterior, le permitió concluir que la SMA configuró debidamente el primero de los cargos, pero no lo hizo en relación con el segundo.
