El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente una reclamación interpuesta por la I. Municipalidad de Buin en contra de resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por multa de 97 UTA por infracción a norma de ruido. El Tribunal resolvió dejar sin efecto la resolución la Resolución Exenta N°215, dictada por el Superintendente del Medio […]

El proyecto “Lomas de Peñalolén” consiste en la construcción de 210 viviendas en una superficie de 13,07 hectáreas, en dicha comuna de la Región Metropolitana.

Resolución rechazó solicitud de invalidación respecto de la aprobación del “Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles”, por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y que permitiría la futura construcción del proyecto inmobiliario “Lomas de Paso Hondo” de la empresa Inmobiliaria El Mirador S.A., en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

El Tribunal resolvió preparar estas bases de conciliación, considerando el largo tiempo que ha transcurrido desde que las partes iniciaron conversaciones para alcanzar un acuerdo, en septiembre de 2017, y que a la fecha éstas no han arrojado resultados.

De acuerdo al máximo Tribunal, “la actora acompañó una escritura pública que, si bien aparece titulada como ‘mandato administrativo’, claramente contiene la voluntad de los mandantes, manifestada ante Notario Público, en orden a que la profesional actúe en su representación, en toda gestión judicial en que tengan interés”.

El reclamante llegó al Tribunal luego que la SMA archivara a través de dos resoluciones la denuncia por elusión al SEIA que había interpuesto contra el proyecto, pues no se habría sometido a evaluación ambiental una modificación, consistente en la edificación del Terminal de Pasajeros de Valparaíso.

El máximo Tribunal declaró inadmisible un recurso de queja, pero consideró que se debe admitir la participación del abogado denunciante en el proceso por supuesto incumplimiento de la normativa ambiental de la fundición.

Es ilegal e infringe el principio precautorio el decreto al carecer de la debida fundamentación al modificar la cuota global de captura de merluza del sur.

Solicita que el Tribunal declare la ilegalidad de la resolución sancionatoria, sustituyendo la sanción de multa por amonestación por escrito o, en subsidio, rebajando la cuantía multa impuesta a 10 UTA o lo que esta judicatura especializada determine.

Con esta decisión la Corte Suprema confirmó la sentencia del Tribunal Ambiental que, acogiendo parcialmente la reclamación, había ordenado a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria contra los planteles, en la cual fundamentara adecuadamente la aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la SMA para establecer la multa.