Lo anterior, en el marco de la medida urgente y transitoria (MUT) ordenada en enero de este año contra el titular, Casablanca Transmisora de Energía S.A., por la ejecución del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla- Nueva Casablanca- La Pólvora- Agua Santa” que se emplazará en distintos puntos de las regiones Metropolitana y Valparaíso.

El proyecto tiene por objeto sanear -es decir, recuperar y limpiar- el terreno Las Salinas, el cual resultó contaminado con hidrocarburos a raíz de las actividades que se ejercieron en el lugar desde el año 1919, utilizando la técnica de biorremediación.

Al entrar al análisis de las cifras totales, la ministra presidenta Marcela Godoy Flores explicó que “si consideramos la cantidad de sentencias dictadas y el número de conciliaciones alcanzadas, nuestro tribunal aumentó en un 11,76% la resolución de conflictos jurisdiccionales respecto del año precedente, obteniendo un alza de un 6,25% en la dictación de sentencias y pasando de 2 a 4 el número de conciliaciones celebradas. Todo ello, pese a no contar con la conformación completa de ministros titulares y suplentes, en los términos que prevé la Ley N°20.600”, expresó.

Para dilucidar la controversia, el Tribunal no solo analizó todos los antecedentes presentados en la causa, sino que también ordenó la realización de un peritaje externo, para precisar el análisis de las metodologías utilizadas en el contexto de los cargos imputados a Metro. Lo anterior, le permitió concluir que la SMA configuró debidamente el primero de los cargos, pero no lo hizo en relación con el segundo.

La ministra presidenta de esta judicatura especializada, Marcela Godoy Flores, explica que el Tribunal determino realizar la Cuenta Pública 2023 en la región Valparaíso por la relevancia que este territorio y sus habitantes revisten para la institución “buscando además reafirmar nuestro compromiso institucional en orden a resolver los conflictos ambientales que se presentan en esta zona”.

La sentencia determinó que como el método de construcción de dichas torres sería vía helicóptero no se requerirá de la construcción de caminos de acceso a las estructuras, por lo que su utilización significará una reducción de 14,2 km de caminos, equivalente a un 5% de la superficie total de intervención del proyecto original.

Judicatura especializada concluyó que el Servicio de Evaluación Ambiental realizó una deficiente evaluación de los impactos de la iniciativa en el Acuífero Santiago Central.

Dicho basurero clandestino funcionaba sin aprobación ambiental.

Cabe recordar que esta causa tiene su origen en denuncias formuladas, el año 2017, por vecinos de la zona debido a la realización de una actividad sin haberse sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las que fueron archivadas por la SMA.

Judicatura determinó que el Servicio de Evaluación Ambiental no consideró debidamente las observaciones ciudadanas referidas a los compromisos voluntarios respecto de sistemas de vida y costumbres de comunidad mapuche.