El proyecto consiste en la construcción de un edificio residencial, de 15 y 8 pisos de altura más 3 niveles subterráneos. Contempla un total de 459 departamentos, 7 locales comerciales, 173 unidades de bicicletas y 214 estacionamientos vehiculares.

Sentencia aplica un nuevo criterio, respecto del tiempo “razonable y justificado” que debería demorar la Superintendencia en iniciar un procedimiento sancionatorio por ruido generado a través de una denuncia, luego de que “tiene certeza respecto de la veracidad de los hechos denunciados y, por ende, se encuentra ante una denuncia revestida de seriedad y mérito”.

En términos generales el proyecto tiene por objeto sanear -es decir recuperar y limpiar- el terreno Las Salinas, el cual resultó contaminado con hidrocarburos a raíz de las actividades que se ejercieron en el lugar desde el año 1919, utilizando la técnica de biorremediación.

La sentencia incorpora un nuevo enfoque desarrollado por el Tribunal, el cual considera que, si bien el procedimiento sancionatorio se inicia con la formulación de cargos, no se puede ignorar el tiempo que transcurre entre el momento en que la Superintendencia ha constatado la veracidad de los hechos denunciados y la formulación de cargos, pues es ahí cuando nace un deber legar de «dar origen al sancionatorio ambiental».

El Tribunal determinó que las eventuales ilegalidades e incompatibilidad territorial del proyecto por ubicarse en una Área de Preservación Ecológica, de acuerdo con lo señalado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), alegadas por los reclamantes, no existen.

El Tribunal determinó llevar a cabo las audiencias consecutivas, pues existe una relación entre ambas causas, específicamente respecto del cargo N° 8, formulado en el procedimiento sancionatorio contra Enap, y la metodología de medición de las emisiones de la Refinería Aconcagua establecida por la SMA.

“El Tribunal concluye que la resolución reclamada si bien incurrió en un vicio de legalidad, al desestimar la legitimación activa de la solicitante de invalidación, dicho vicio no fue esencial, teniendo presente que de todas maneras se pronunció sobre las alegaciones planteadas”, razona la sentencia.

El Tribunal explica que el hecho que hayan transcurrido aproximadamente catorce meses entre la fiscalización y la notificación de la formulación de cargos (marzo 2022- mayo de 2023) “no permite modificar el análisis ni la conclusión de la SMA plasmada en la resolución reclamada sobre la eficacia de las medidas propuestas en el PdC por el titular, en términos de tornarla ilegal”.

“El Tribunal luego del análisis contenido en la parte considerativa de esta sentencia, ha arribado a la conclusión de que no se verifica un vicio de legalidad en el acto reclamado atribuible a falta de motivación, así como tampoco por infracción del principio de coordinación, que pudieran fundar una invalidación del mismo”, dice el fallo.

Los sentenciadores concluyen que la resolución reclamada, al rechazar las solicitudes de invalidación y exigir el retiro del asbesto como parte de la obligación solidaria de saneamiento, se encuentra conforme a derecho, puesto que, atendida su naturaleza, no puede entenderse esta obligación desligada de aquélla. De esta forma, no habiendo incurrido la referida resolución en ilegalidad alguna, la reclamación será rechazada en todas sus partes.