Dinero depositado por el padre del niño a la madre vía Western Unión permitió a la Corte corroborar que actualmente se encuentran en Bolivia. Se ordenó la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público y Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para que incoen las acciones que se estimen pertinentes.

El Tribunal de alzada estableció que la recurrida tiene el deber garantizar la atención de salud de los internos de acuerdo a su edad. 

Se caracteriza por ejercer un liderazgo negativo al interior de la dependencia que habitaba, aprovechándose de su reconocimiento frente a sus pares, con la finalidad de incitar a los demás internos a realizar desordenes colectivos, además de no permitir el ingreso a los demás privados de libertad a los módulos de los usuarios que no eran aceptados por estos, informa el recurrido.

En virtud del artículo 10 del Código Procesal Penal, y tras las evidentes contradicciones entre el recurso y el informe de Gendarmería, la acción de amparo no es la vía idónea para resolver el conflicto, sino por un proceso inmediativo, donde se debe abrir un debate, el cual debe ser resuelto por un Tribunal, refiere el voto en contra

Además, no se divisa la ocurrencia de algún hecho contrario a la ley que importe una privación, perturbación o amenaza a la libertad o seguridad individual de la persona que recurre.

Gendarmería solicitó al Juez de Garantía autorice el castigo de 10 días de aislamiento para la amparada, a lo que se accedió sin oír a la defensa, ni tener a la vista mayores antecedentes, lo que conculca la seguridad individual de la interna.

La situación denunciada data desde el año 2017, y a pesar del intento de arribar a soluciones colaborativas con la recurrida, no ha adoptado ninguna medida para mejorar las condiciones de los internos.

El máximo Tribunal confirmó íntegramente la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la acción constitucional.