La obligación de las empresas prestadoras de servicios establecidas en otro Estado miembro de solicitar un permiso de residencia para cada trabajador desplazado, con el fin de que disponga de un documento seguro, que acredite la legalidad de su desplazamiento, constituye una medida apta para alcanzar el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de esos trabajadores.

Todas las disposiciones de la Convención y sus Protocolos deben interpretarse de manera que garanticen derechos prácticos y efectivos y no teóricos e ilusorios. La sentencia contra el demandante, combinada con el retraso en la introducción de nueva legislación, había creado una inseguridad jurídica que le perjudicaba.

El plazo de prescripción se computa desde que el acusado cesó en su cargo (2010). Y teniendo en cuenta que desde entonces no se ha producido su interrupción pues esta tiene lugar cuando se paraliza el procedimiento o termine sin condena, los hechos que se le atribuyen deben declararse prescritos y extinta la responsabilidad penal dimanante de los mismos.

El actor cuestionó la legalidad de la transcripción de las conversaciones, argumentando que no había sido necesaria para los fines de la investigación. Una serie de supuestos defectos podrían haber sido examinados por los tribunales nacionales como parte de una acción de indemnización. Esa vía habría permitido a los tribunales nacionales abordar el fondo de la queja de los demandantes sobre la Convención.

Las autoridades de un Estado miembro no pueden retirar o denegar la concesión de un permiso de residencia a un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión sin evaluar previamente si hay una relación de dependencia entre ese miembro de la familia y ese ciudadano de la Unión que obligaría a este último a abandonar el territorio de la Unión para acompañar al miembro de su familia a un país tercero.

Una persona razonable e informada, que analice el asunto de manera realista y práctica y lo haya pensado detenidamente, no concluiría que el estatus de oficiales de los jueces militares suscita algún temor de parcialidad o que equivale a una falta de independencia suficiente como para que exista un incumplimiento de la Sección 11 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

Los tribunales suizos habían limitado el derecho de los demandantes a acceder a un tribunal de tal manera que se había menoscabado la esencia misma del derecho. Por tanto, el Estado transgredió su discreción (margen de apreciación). Era responsabilidad del Estado garantizar que el proceso se llevara a cabo con rapidez.

No basta la infracción de las normas extrapenales, sino también que la conducta sea potencialmente peligrosa para causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente. De tal forma que la sola infracción de las normas administrativas no supone la configuración típica, sino que además se requiere que la conducta sea idónea para causar o producir un peligro en el equilibrio del medio ambiente.

La existencia del término de caducidad para reclamar judicialmente la responsabilidad estatal por daños antijurídicos contribuye a la seguridad jurídica, pero debe evitarse imponer cargas desproporcionadas al demandante que obstaculicen de manera irrazonable el acceso a la administración de justicia.

La fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior, la dignidad de la persona humana. De manera que la acción indemnizatoria derivada de estos delitos no es una simple acción patrimonial, sino que tiene carácter humanitario.