La disposición requiere un nexo con la seguridad nacional de Canadá. Puede invocarse para declarar inadmisible a una persona sólo cuando sus “actos de violencia que pondrían o podrían poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en Canadá” tienen un nexo con la seguridad nacional del país. La autoridad no alegó que los apelantes hayan participado en actos de violencia relacionados.

El tribunal de alzada estableció el carácter reservado de la información, cuya entrega puede afectar la seguridad nacional.

Las autoridades estadounidenses acusan a Chile de no facilitar los antecedentes penales necesarios para identificar a los “lanzas internacionales” que viajan al país a cometer delitos, lo cual dificulta el trabajo de fiscales y policías destinados a perseguir sus ilícitos.

El máximo Tribunal estimó que la información de la hoja de vida del funcionario castrense, puede ser utilizada por un analista para determinar el perfil de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de la FACH, situación que amenaza la seguridad de la nación, y es una causal suficiente de secreto.

Existe una creciente preocupación por las compras de terrenos agrícolas vinculadas al régimen chino, así como de propiedades que colindan con infraestructura crítica, por lo que la normativa restringe su adquisición. Por otro lado, limita las subvenciones que los establecimientos educativos reciben de países de “interés”.

La restricción en ningún caso prohíbe el uso personal de la aplicación en dispositivos propios ni para fines personales, si no, solo el uso de ésta en teléfonos proporcionados por el estado.

En virtud de la medida, que comenzará a regir el 31 de marzo, los uncionarios del parlamento deberán eliminar la red social de los dispositivos electrónicos que tengan acceso al sistema informático del órgano estatal, para así garantizar la seguridad nacional del país.

La medida busca reducir los riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos ya que la aplicación es propiedad de una empresa china cuestionada por sus lazos con Pekín.

El proyecto busca impedir que ciudadanos y empresas de estas “naciones hostiles” adquieran bienes raíces en el Estado, por razones de seguridad nacional pues se teme que lleven a cabo actividades de espionaje.

La ANI e instituciones castrenses no lograron acreditar que estos datos se vinculen a actividades de inteligencia o contrainteligencia, y que afecten la seguridad nacional o defensa del país. No obstante, de no obrar en su poder los requeridos deberán comunicarlo de forma detallada al requirente y al CPLT