Respecto de la existencia de eventuales ilícitos que se cometerían en la Plaza Copiapó, ningún reproche puede imputársele a la recurrida desde que la función de investigación y persecución de ellos, según lo dispone la Constitución, se ha otorgado en forma exclusiva y excluyente al Ministerio Público.
La Sala inició el debate del informe elaborado por la Comisión Mixta de senadores y diputados que buscó zanjar las diferencias entre ambas ramas del Congreso, pero dada la extensión del mismo se pidió más tiempo para conocer sus detalles.
Regula la realización de funerales en los que existan circunstancias que representen fundadamente un riesgo para la seguridad y el orden público, estableciendo un procedimiento, las medidas de control y las sanciones para los delitos cometidos con ocasión de ellos, disponiendo, asimismo, la modificación de otros cuerpos legales.
Regula los funerales que puedan afectar la seguridad y fija un plazo de 24 horas para todo el proceso fúnebre.
La iniciativa que aborda el crimen organizado de manera especializada y dota al ente persecutor de una nueva repartición con competencia en todo el territorio nacional, fue aprobada en general en la Sala, con el voto unánime de senadores y senadoras.
En la cita, expusieron destacadas docentes del ámbito de la ciencia política y administración pública, dando cuenta de las formas de participación en los gobiernos locales, crisis de credibilidad en las autoridades, y seguridad pública, dándose cita en el campus Santiago Centro de la casa de estudios.
Modifica la ley sobre Control de Armas, con el objeto de autorizar el porte de armas a los aspirantes a oficiales de Carabineros que cursen tercer y cuarto año en la Escuela de Carabineros de Chile, y a carabineros alumnos que cursen segundo año en la Escuela de Formación de Carabineros y sus grupos de formación a nivel nacional, mientras realicen los periodos de práctica, para lo cual será necesario haber aprobado todos los cursos de tiro policial correspondientes.
Ambas personalidades del mundo político se dieron cita en la escuela de Derecho de la Universidad de Las Américas, para comentar los resultados del instrumento elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de dicha casa de estudios, destacando -entre otros aspectos- la alta valoración de la democracia entre la población mayor, así como un alarmante desprestigio de dicho sistema entre los más jóvenes.
La justicia penal no aplica el Código de Justicia Militar. Luego, tampoco aplica las eximentes de responsabilidad penal allí contempladas y, por tanto, la idea de que es necesario un trato preferente para el actuar policial queda sepultada por la mera práctica judicial.
El rol activo que debe desplegar el Estado para la mantención de la seguridad de la población y el orden público, es fundamental, por cuanto la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, son conductas reprochables que impiden el ejercicio de varios derechos de la persona.
La magistratura estimó que el delito sancionado vulnera bienes jurídicos de carácter público, por lo que el reclamante no puede asilarse en el principio de unidad familiar para revertir el castigo.
