En la cita, expusieron destacadas docentes del ámbito de la ciencia política y administración pública, dando cuenta de las formas de participación en los gobiernos locales, crisis de credibilidad en las autoridades, y seguridad pública, dándose cita en el campus Santiago Centro de la casa de estudios.

Modifica la ley sobre Control de Armas, con el objeto de autorizar el porte de armas a los aspirantes a oficiales de Carabineros que cursen tercer y cuarto año en la Escuela de Carabineros de Chile, y a carabineros alumnos que cursen segundo año en la Escuela de Formación de Carabineros y sus grupos de formación a nivel nacional, mientras realicen los periodos de práctica, para lo cual será necesario haber aprobado todos los cursos de tiro policial correspondientes.

Ambas personalidades del mundo político se dieron cita en la escuela de Derecho de la Universidad de Las Américas, para comentar los resultados del instrumento elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de dicha casa de estudios, destacando -entre otros aspectos- la alta valoración de la democracia entre la población mayor, así como un alarmante desprestigio de dicho sistema entre los más jóvenes.

La justicia penal no aplica el Código de Justicia Militar. Luego, tampoco aplica las eximentes de responsabilidad penal allí contempladas y, por tanto, la idea de que es necesario un trato preferente para el actuar policial queda sepultada por la mera práctica judicial.

El rol activo que debe desplegar el Estado para la mantención de la seguridad de la población y el orden público, es fundamental, por cuanto la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, son conductas reprochables que impiden el ejercicio de varios derechos de la persona.

La magistratura estimó que el delito sancionado vulnera bienes jurídicos de carácter público, por lo que el reclamante no puede asilarse en el principio de unidad familiar para revertir el castigo.

Estos cambios surgen en un contexto marcado por un aumento de la violencia en Ecuador, que ha provocado la muerte de numerosos funcionarios públicos a manos de criminales, incluyendo a un candidato presidencial. La declaración por parte del Presidente Noboa de un «conflicto armado interno» en el país subraya la gravedad de la situación.

Tras múltiples denuncias recibidas de actividades de índole sexual, consumo de estupefacientes y personas deambulando desnudas o defecando en veredas y otros espacios públicos en distintas zonas del país, el órgano contralor solicitó a una serie de instituciones públicas que informen sobre las medidas adoptadas para prevenir, evitar y sancionarlas, a fin de resguardar la seguridad, salubridad y salud públicas.

La Ley crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un organismo rector de la ciberseguridad del país encargado de regular, fiscalizar y sancionar a todos los organismos públicos y privados que presten servicios esenciales.

Permitirá regular la industria de la seguridad privada con nuevos criterios y requisitos para fortalecer su rol coadyuvante y complementario a la seguridad pública.