La iniciativa busca facilitar el acceso al sistema de justicia a personas afectadas por la delincuencia a través del mejoramiento en la entrega de información y orientación en materias de derecho, asesoría y representación jurídica, entre otras medidas.

PDI obtuvo la mejor nota de evaluación en materia de seguridad pública, a diferencia del Congreso que fue el peor evaluado por los entrevistados.

Sanciona penalmente a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o daños en las cosas.

El Decreto Alcaldicio hace mención a informes policiales y vecinales que aluden de forma genérica a ilícitos cometidos en el sector que son considerados insuficientes para fundamentar la medida.

El proyecto fue informado en la comisión por la ministra del Interior y Seguridad Pública, quien explicó los cambios que afectarán a su cartera, así como los perfeccionamientos que se promoverán en la Cámara.

La norma permitirá el aumento de la dotación policial en terreno en los lugares que más lo necesitan.

La iniciativa explicita el rol de la PDI en la investigación de delitos y del crimen organizado, y el deber de controlar el ingreso y egreso al país.

El anuncio lo realizaron los Presidentes de la Cámara y del Senado, Vlado Mirosevic y Juan Antonio Coloma, respectivamente, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Según especificaron en la presentación, se trata de 31 iniciativas de ley que serán priorizados en el trámite legislativo.

Aumenta la sanción del delito si la privación de libertad dura más de 24 horas.

La injerencia en los derechos de los demandantes se realizó de conformidad con la ley. El desalojo fue ordenado por el Tribunal de Apelación, ante la existencia de una situación manifiestamente ilícita por la ocupación ilegal de terrenos sin título alguno. En vista de las molestias y peligros creados por los campamentos, la injerencia persiguió los fines legítimos de proteger la salud y la seguridad pública, además de la protección de los derechos y libertades de los demás.