Las formas empleadas para la difusión de una determinada iniciativa gubernamental constituyen aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia, cuya determinación corresponde a la Administración.

Su aplicación transgrede principios fundamentales del ordenamiento jurídico, tales como, los principios Non bis in ídem, de no enriquecimiento injusto y de Proporcionalidad, e infringen también diversos derechos y garantías fundamentales.

El padecimiento de la amparista se encuentra acogido por la ley 26.396, que declara de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios. Siguiendo dichos lineamientos, consideró que de la normativa reseñada se desprende la obligación legal de la cobertura integral que le compete a la demandada en su carácter de prestador de servicios salud.

En un monto que no podrá superar los cinco millones de pesos, ni el diez por ciento del total ahorrado a la fecha en que se requiera, debiendo ser devuelto en un plazo que no podrá superar los siete años.

La normativa establece un requisito de residencia legal e ininterrumpida de cinco años en el territorio de un Estado miembro para que un nacional de un tercer país pueda obtener el estatuto de residente de larga duración. El legislador de la Unión estimó que tal período es suficiente para tener derecho a la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro, en particular, en lo que concierne a las medidas de seguridad social, asistencia social y protección social.

El mensaje busca no afectar el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios municipales que recibieron recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades empleadoras, para lo cual condonar la deuda originada en dichos pagos en exceso.

Sanciones impuestas por la ciudad no alcanzaban el umbral de castigo «cruel e inusual» bajo los estándares constitucionales. Por una mayoría de 6 a 3, sostuvo que las penas por violar las ordenanzas municipales eran principalmente multas leves y, en casos de reincidencia, penas de cárcel breves, las cuales no eran desproporcionadas ni inconstitucionales dada la naturaleza de las infracciones en cuestión.

No basta para que actúe la presunción de laboralidad con que el trabajador se halle en los vestuarios de la empresa cuando ocurre el episodio vascular que origina la contingencia, que es lugar de trabajo a estos efectos, sino que el término legal «tiempo de trabajo» contiene una significación más concreta, referida a la necesidad de que el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo, en el que se presume que se ha comenzado a realizar algún tipo de esfuerzo -físico o intelectual.

La Comisión Interamericana (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados de las Américas y el Caribe a garantizar el derecho a la seguridad social, y particularmente el derecho a la pensión, a través de sistemas previsionales sostenibles y previsibles.

Sería aconsejable que los familiares de las personas que requieren un cuidador puedan ser contratados por las entidades prestadoras de servicios de salud para suministrar ese servicio de manera remunerada, siempre y cuando esas entidades les garanticen un entrenamiento adecuado.