La labor de manejo de residuos domiciliarios los expone a condiciones de trabajo hostiles, y a un mayor riesgo de sufrir accidentes y enfermedades profesionales.

Los trabajadores transfronterizos contribuyen a la financiación de las políticas sociales del Estado miembro de acogida con las cotizaciones fiscales y sociales que pagan en dicho Estado, en virtud de la actividad laboral que en él ejercen. Por ello deben poder disfrutar de las prestaciones familiares y de las ventajas sociales y fiscales en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales.

Se debe tener en consideración el impacto que significa para un adulto mayor la carga económica de no vivir en su casa propia, toda vez que el arriendo se lleva parte considerable de su pensión, por ello resulta de suma importancia que las personas al llegar a la edad de jubilación puedan contar con una vivienda propia, ya que esto se traducirá en un aumento real de su capacidad económica.

La interesada es sustancialmente independiente en su vida personal y social, aunque es indiscutido que precisa ayuda en las transferencias, y alguna ayuda que no se detalla con precisión en aspectos del aseo. En las condiciones indicadas no podemos concluir que se encuentre comprometida la subsistencia o la dignidad de la demandante al precisar la ayuda de tercera persona con la necesaria intensidad y extensión en el tiempo a lo largo del día.

Si el legislador puede tomar disposiciones específicas respecto de los extranjeros, le corresponde respetar las libertades y derechos fundamentales de valor constitucional reconocidos a todos los que residen en el territorio de la República. Sin embargo, deben conciliarse con la protección del orden público, que constituye un objetivo de valor constitucional.

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento de dichas obligaciones, y de este modo apoyar a los empleadores a los que beneficia el proyecto de ley y, por otro, resguardar los derechos de los trabajadores de obtener las debidas prestaciones en el ámbito de la seguridad social.

Se encuentran cumplidos los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para ordenar el tratamiento integral en beneficio del niño, sujeto de especial protección constitucional: (i) existe un indicio claro de negligencia de la entidad en el cumplimiento de sus deberes para proveer los servicios requeridos por el menor, y (ii) existen prescripciones médicas que en el caso concreto especificaron la necesidad de contar con atención especializada.

Este proceso educativo debe tener como objetivo sensibilizar a todos los actores involucrados sobre la enfermedad del VIH-1, su tratamiento y las formas de contagio. La finalidad de esta iniciativa es prevenir desinformación que pueda ocasionar discriminación en el entorno laboral, debido a creencias equivocadas sobre la transmisión de esta enfermedad.

La Constitución, la ley y el derecho internacional de los derechos humanos son claros: el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de garantizar a los adultos mayores el ejercicio de su derecho al más alto nivel de salud y a la protección social en igualdad de condiciones al resto de las personas.

Se considera que hay un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando dos o más empresas  tienen una dirección laboral común, y cumplen con condiciones como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten. También se considera que es un solo empleador cuando hay un controlador común.