Es justo que se haya impuesto a los extranjeros, que no se encuentran en la misma situación que los nacionales, la suscripción de un contrato que prevea el compromiso de respetar la libertad personal, la libertad de expresión y de conciencia, la igualdad entre mujeres y hombres, la dignidad de la persona humana, el lema y los símbolos de la República en el sentido del artículo 2 de la Constitución, la integridad territorial, definida por las fronteras nacionales, y no confiar en las propias creencias o convicciones para liberarse de las normas comunes que rigen las relaciones entre los servicios públicos y los particulares, señala el fallo.

El beneficio no resulta procedente, en razón a la falta de las cotizaciones mínimas que la ley exige para el otorgamiento del citado aporte adicional, esto es, seis meses de cotizaciones en el año anterior al último día del mes en que se haya dejado de prestar servicios.

Las dolencias acreditadas no producen en el momento actual limitaciones relevantes en la capacidad funcional del recurrente hasta el punto de impedirle la realización de las fundamentales tareas de su trabajo habitual.

Cuando un ascendiente directo está a cargo de un trabajador ciudadano de la Unión es beneficiario indirecto de la igualdad de trato concedida a dicho trabajador. Si no se concediera a ese ascendiente directo una prestación de asistencia social, que constituye para el trabajador migrante una «ventaja social», se vulneraría la igualdad de trato.

Una vez declarada la relación laboral, no corresponde condenar al ente a pagar todas las cotizaciones previsionales que se devengaron durante el periodo de vigencia de la relación entre las partes, sino que, solamente aquellas que no fueron solucionadas por no existir cláusula expresa que ordenara al trabajador realizar dicho pago.

Cuando el engaño es tan burdo que cualquiera lo puede evitar con una mínima reacción defensiva, se dice que puede ocurrir que el error haya sido provocado por la propia desidia del engañado y no tanto por la idoneidad de la acción fraudulenta del autor, especialmente cuando el engaño se dirige contra organizaciones complejas como las recurrentes.

Así establece la norma respaldada en la Comisión de Salud que comenzó la revisión de las observaciones relativas al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores. Mientras en la Cámara Baja, se discute adelantar el alza de los planes para abril.

La pobreza afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Los costos adicionales de vivir con una discapacidad equivalen a una “barrera infranqueable” para el ejercicio de los derechos de este colectivo. La pobreza y la pobreza extrema se presentan como factores ambientales y sociales de riesgo que inciden en el desarrollo de una discapacidad.

Esta fue una de las conclusiones que surgieron del seminario “Escenarios de una reforma de salud para Chile” que congregó al Ejecutivo, ex autoridades del mundo sanitario y representantes de colegios profesionales, pacientes y la academia.

La demandada demoró más de diez años en cumplir el mandato judicial, generando un daño moral en el actor que debe ser resarcido. Teniendo en cuenta el lapso en el que la demandada incurrió en el incumplimiento y que en autos se trata de un beneficio previsional que reviste carácter alimentario, se debe fijar una indemnización.