La protección del interés público y la necesidad de controlar la ausencia de antecedentes penales es lo que autoriza a prescindir del consentimiento del interesado.
Esto, luego de que el Senado respaldara el informe de la Comisión Mixta que propuso que la solicitud del cierre sea suscrita por al menos el 80% de los propietarios, sus representantes o moradores.
El Tribunal condenó al municipio por no proveer las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.
Se trata de una moción que flexibiliza la actual legislación y que busca conciliar el libre tránsito de personas y el derecho de los ciudadanos a proveerse de condiciones de mayor seguridad.
Los vehículos de transporte público interurbano construidos a partir de 2008 deben contar con cinturones de seguridad en todos sus asientos y su uso es obligatorio para los pasajeros. La misma exigencia se hace a minibuses y vehículos de transporte privado interurbano, sólo que el año de fabricación debe ser 2012 en adelante.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que el actuar de Gendarmería se ajusta a derecho y a las facultades que posee para proceder a la reubicación de los internos, de acuerdo a un plan que buscan evitar el hacinamiento de la población penal.
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) es una unidad técnica de trabajo conjunto entre la empresa y los trabajadores, que sirve para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que pudieran sufrir los trabajadores.
El Tribunal estableció que en la especie las demandadas no probaron haber dado cumplimiento al deber de seguridad para evitar fraudes, como las operaciones comerciales que afectaron al demandante, originadas en Indonesia y Estados Unidos.
El requerimiento se efectuó por la Federación Nacional de Sindicatos de empresas contratistas, subcontratistas y otros.
