Argumenta que la adquisición del inmueble en cuestión responde a un procedimiento administrativo que versa sobre el interés público y no corresponde a un negocio jurídico privado. Explica que el contrato no se perfeccionó, ya que no se dictó el Decreto Aprobatorio exigido en derecho público y, en todo caso, la causal de cesación en el cargo se debe interpretar y aplicar restrictivamente.