La sentencia contiene todos los requerimientos que la ley le impone, en especial, una valoración minuciosa y concatenada de la prueba rendida, al amparo de la libertad concedida por el legislador, con las limitaciones que ella misma establece, facultad que le es privativa y en mérito del ejercicio de esa función jurisdiccional ha establecido los hechos del juicio, lo que en definitiva le ha permitido tribunal arribar a las conclusiones que en ella se consignan.

Esta expresión, que puede traducirse como «el día desde el cual», establece el comienzo de un plazo legal o procesal que tiene implicaciones para la ejecución de actos jurídicos, el ejercicio de derechos o el cumplimiento de deberes.

Las deudas que no se cumplen, pudiendo hacerlo, no hacen más que recargar la actividad de los tribunales (bastante recargada de por sí) y, entonces, si hacemos lo necesario para que las partes cumplan (y los asuntos concluyan) estamos actuando conforme el mandato de asegurar la eficacia de la justicia, por un lado y de hacerlo con la mayor economía procesal, lo que insistimos es un deber nuestro.

Entre las medidas de reparación dispone el pago de US$50.000.

El artículo 39 del Código Procesal Penal, impone a la magistratura el deber de dar a conocer íntegramente por escrito los fundamentos que sustentan la decisión condenatoria, y no sólo la parte resolutiva del fallo, en caso contrario, el Tribunal vulnera el derecho a defensa del acusado.

El Estado está al servicio de la persona humana y debe garantizar el derecho a la vida, argumenta la Corte Suprema para acoger el recurso de protección.

Aparece de manifiesto que la recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en sede de protección, toda vez que el rechazo a la cobertura del siniestro que solicitó se funda en la reticencia e inexactitud de la recurrente en su Declaración Personal de Salud.

Claramente es relevante para los intereses de su dueño, en el entendido que constituyen antecedentes que guardan relación con información confidencial y estratégica para el desarrollo económico de la empresa, en especial frente a sus competidores.

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación deducido por Sociedad Austral de Electricidad S.A. (“SAESA”) y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que desestimó el reclamo de ilegalidad que interpuso en contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) por la multa que le fue impuesta. La SEC le aplicó […]

Tal omisión vulnera la garantía procesal de que toda sentencia debe fundarse en un proceso previo y legalmente tramitado, configurando el vicio de nulidad formal del numeral 5 del artículo 768 del Código Civil.