La normativa obliga a las partes a desenvolverse con lealtad y buena fe en su actividad procesal y en sus relaciones con el tribunal. Se advierte una actitud de la accionante y su patrocinante reñida con la buena fe y lealtad, presentando dos días después de tener una respuesta jurisdiccional la misma acción sin denunciar la anterior y cambiando al demandado en un burdo intento de hacer caer en error al tribunal.