La norma impugnada le impide al INE reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgó el acceso a la información cuando la oposición se hubiere fundado en la causal afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Pugna con el derecho que la Constitución confiere a la víctima, pues el ejercicio de la acción no se satisface sólo cuando es posible iniciarla, sino que supone continuarla y poder desplegar los derechos que ella integra a lo largo del proceso para que sea cabal y oportuna la tutela judicial efectiva.

La Constitución no asegura la revisión en doble instancia. El legislador tiene cierta discrecionalidad para establecer el procedimiento en única o doble instancia, en relación a la naturaleza del conflicto.

La norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales, lo que infringe la igualdad ante la ley.

No crea un recurso inexistente, puesto que al eliminarse una excepción sólo retoma vigencia la regla general, cual es que la casación en la forma se abre para la totalidad de las causales en que está llamada a regir, sin exclusión, según la preceptiva vigente.

No contraviene los fines educativos legalmente prescritos, entre los cuales está el pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente, ni el derecho a la educación y tampoco la propiedad.

No vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al recurso, ni la igualdad ante la ley. La exigencia de consignación no resulta arbitraria, ni establece un requisito económico que impida impugnar resoluciones en este caso.

La norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales.

No se advierte como la aplicación de la norma objetada se estaría produciendo de manera retroactiva, desde que el despido que da origen al litigio, se verificó antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº21.227.

El conflicto incide en una materia propia de interpretación de la normativa laboral de competencia del Juez del Fondo. La interpretación auténtica de la Ley N° 21.280 dispuso que el procedimiento de tutela laboral es también aplicable a los funcionarios públicos.