La denunciada señaló que en la sucursal fiscalizada contaba con un autoconsultor de precios, que es equivalente a exhibir en un listado la totalidad de precios, ya que los mismos se encuentran disponibles a todo público sin necesidad de asistencia de terceros.

La clienta afectada solicitó al proveedor el pago de $17.000.000.- como compensación del daño moral, luego de rechazar la devolución del dinero invertido en la compra, pretensión que fue considerada irracional e injusta por el Tribunal.

Al contestar la denuncia, la empresa informó su modo de operar y aseguró que siempre cumplió la Ley N° 19.496, pero no hizo referencia a la no entrega de la información requerida, infracción que fue la que se le imputó.

El SERNAC denunció a una tienda comercial, por no informar la CAE al promocionar la venta de sus productos con pago en cuotas a través de un periódico regional.

Las empresas se comprometieron a pagar dinero a las instituciones de beneficencia sin fines de lucro por los daños causados a los consumidores nacionales. Agrusuper a desembolsar $19.541.697.242 y Don Pollo a transferir $2.431.689.000.

En primera instancia, el tribunal rechazó la denuncia infraccional del SERNAC, tras determinar que el requerimiento de antecedentes se efectuó en el ejercicio de una fiscalización, sin contar con dicha potestad, pues no estaba vigente aún en la Región Metropolitana.

El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la acción presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

El SERNAC denunció que el banco incurrió en la misma infracción de ley en dos sucursales distintas ubicadas en Santiago y Concepción, por lo que interpuso dos denuncias infraccionales, una en Las Condes y otra en la comuna de Concepción.

Atendido que el proveedor corrigió las observaciones realizadas por el SERNAC en una fiscalización, y que ese servicio no constató dicha corrección en más de 2 años, el Tribunal decidió sólo amonestar a la empresa denunciada, por considerarlas circunstancias favorables a esta última.

No habiendo acreditado su actuar diligente a la hora de tomar medidas de seguridad que impidan la entrega de créditos a personas ajenas al titular de la cuenta, se debe determinar la concurrencia de infracción al deber de seguridad a que se encuentra obligado el proveedor.