Quedó asentado que entre los usuarios de la autopista y la empresa concesionaria sí existe una relación de consumo, por la cual se cobra un precio o tarifa por el uso de la vía, encontrándose regulada dicha relación por la Ley N° 19.496.

El funcionario del SERNAC consignó en el acta de fiscalización que la denunciada no tenía a disposición del público el listado de derechos y obligaciones de los consumidores, así como tampoco exhibía el horario de funcionamiento y el procedimiento a seguir en caso de pérdida del ticket.

La Ley N° 21.081 que otorga facultades fiscalizadoras al SERNAC, conforme a su artículo 1° transitorio, entraba recién en vigencia el 14 de septiembre de 2020, y la visita inspectiva se llevó a cabo en enero de 2020, por lo que a esa fecha el SERNAC no contaba con atribuciones fiscalizadoras.

El Tribunal desestimó la alegación de la empresa relativo a que la Ley N° 19.496 no le sería aplicable por no existir una relación de consumo con los usuarios, pero la absolvió del pago de la multa por no haberse acreditado el supuesto de hecho que fundamentó la denuncia.

Se descartó también la infracción al artículo 3 letra b) de la Ley del Consumidor, tras estimar que no se puede desprender una obligación en particular para el proveedor de una norma de carácter genérico como la referida.

El Tribunal de segunda instancia confirmó la decisión que condenó a la empresa denunciada, con declaración de que se impone una multa por cada infracción cometida.

Al imputar la infracción legal de publicidad engañosa, el SERNAC incurre en una confusión de conceptos, puesto que lo que se promociona como ilimitado era la capacidad de datos medidos en gigas, y no la velocidad de navegación que se mide en megas.

La Ley N°21.081 que entrega facultades de fiscalización al SERNAC, establece en un artículo transitorio un cronograma para la entrada en vigencia de esa ley, pudiendo ejercerse labores de fiscalización en la Región de la Araucanía sólo después de 18 meses de publicada la ley en el Diario Oficial.

Luego de hacer un cotejo de firmas de la actora a simple vista, por falta de una pericia caligráfica, el Tribunal determinó que la rúbrica objetada por la consumidora era muy diferente al resto, sin embargo, estimó insuficiente esa apreciación y la prueba para condenar a la denunciada.

El Juzgado de Policía Local requirió el registro de entrevistas a consumidores del servicio de transporte para dar sustento a lo consignado por el fiscalizador en el acta que, a su juicio, no lograba dar convencimiento por sí solo de los hechos allí expuestos.