Si bien no se descarta que el precio publicitado haya sido un error de parte de la empresa proveedora, lo cierto es que tal error debe ser asumido por quien está en mejor posición de evitarlo, y en este caso, es la proveedora, por lo que debe indemnizar.

El artículo 20 de la Ley N°19.496 establece la triple opción a que tiene derecho el consumidor en caso de adquirir productos defectuosos, pudiendo optar por cualquiera, a su arbitrio.

De las alegaciones planteadas por la recurrente en estrados y de lo que solicita se aprecia una discrepancia manifiesta con las sostenidas en su impugnación.

Ante una denuncia de transacciones fraudulentas, es deber del proveedor acreditar la veracidad de las operaciones bancarias, al contar con los medios físicos y tecnológicos para ello.

Tal acto constituye una vulneración al principio non bis in ídem reconocido por el derecho administrativo sancionador.

El máximo Tribunal descartó los errores de derecho denunciados en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago.

El ente fiscalizador actuó conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

El ejercicio de las acciones puede efectuarse tanto a título individual como en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores.
Se consideran de interés individual a las denuncias o acciones que se promueven exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado.

El Servicio Nacional de Consumidor (SERNAC) no fundó su arbitrio en la infracción de lo dispuesto en los artículos 1, 50 y 53 letra c) de la Ley N°19.496.

La condena a pagar una multa total de 210 UTM por infringir la ley de protección de los derechos de los consumidores, aunque desestima la indemnización de perjuicios solicitada por SERNAC en favor de aquellos.