La empresa deberá pagar $54 millones por no cumplir con las normativas de limpieza y conservación ecológica en su concesión acuícola «Puerto Philippi». El fallo destaca la obligación de las empresas acuícolas de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente.
La empresa ya había sido reconvenida a informar de forma oportuna los tratamientos y muestras de sus salmones, a fin de seguir el avance del tratamiento contra el virus ISA (anemia infecciosa del salmón) detectado en una de sus plantas, no obstante, la denunciada continuó con la producción de la especie, motivo que fue calificado como reincidencia por parte de la magistratura que impuso la multa.
Los denunciados ingresaron a pescar a la primera milla náutica con una embarcación de 18 metros de eslora, extrayendo más de 70 toneladas de sardina común y anchoveta, en circunstancias que dicha franja está reservada para botes que no superen los 12 metros de eslora.
SERNAPESCA denunció que una empresa poseía en su bodega, ubicada en Santiago, un cargamento de merluza austral y reineta, en circunstancias que la guía de despacho indicaba como destino un recinto en la ciudad de Valparaíso, no obstante, la magistratura estimó que el denunciado era el transportista y que las mercaderías se encontraban de paso por aquella bodega a la espera de ser despachadas hacia el destino estampado en la documentación; por tanto, la denuncia era improcedente.
La magistratura desestimó el recurso de protección de un funcionario de SERNAPESCA que fue destituido luego de un sumario administrativo, al verificar que el actor en todo momento pudo controvertir y aportar pruebas que desvirtuaran los cargos que se le formularon, por lo tanto, no fue conculcado el debido proceso durante el sumario administrativo que ordenó su destitución del Servicio.
La Comisión Evaluadora al determinar la pérdida de puntaje establecida por las Bases Administrativas no solo se ajustó al principio de estricta sujeción de las bases, sino que además respetó el principio de igualdad de los oferentes.
La embarcación pescó con la técnica de arrastre dentro de la primera milla náutica, la cual está reservada exclusivamente para los botes de pesca artesanal, infringiendo el artículo 64 D de la Ley de Pesca.
El artículo 55 letras Ñ y O de la propia ley, establecen un procedimiento administrativo ante SERNAPESCA para sancionar a quienes excedan la cuota permitida de extracción de recursos hidrobiológicos, por lo que es correcta la decisión de la magistratura civil de declararse incompetente.
Se limitó a dar cuenta de la existencia de un sumario administrativo seguido contra el recurrente, procedimiento público de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 16 de la Ley 19.880. Existe un interés público comprometido.
SERNAPESCA denunció que los particulares no contaban con la documentación que acreditara el origen legal del producto, constando que la especie se encuentra en un período de veda extractiva, lo que impide su libre explotación.
Los recurrentes intentaron revertir la decisión de los jueces de fondo, alegando infracciones a las leyes reguladoras de la prueba, argumento que fue considerado por el máximo Tribunal como una muestra de disconformidad con el fallo que intentó modificar los hechos asentados.
