Editado por Tirant Lo Blanch la obra revisa doctrinaria y jurisprudencialmente el motivo, la causa y el fin del acto jurídico tributario. A partir de dicho análisis, los autores buscan dilucidar la forma en que la motivación se constituye en una garantía sustantiva del contribuyente que trasciende el ámbito administrativo y se proyecta en su eventual reclamo en sede judicial.
La nueva Ley de Cumplimiento Tributario entrega herramientas al Servicio de Impuestos Internos para combatir la informalidad, la evasión, la elusión y el crimen organizado.
Busca poner freno al incumplimiento tributario, reduciendo la evasión. Entre las medidas están los cambios a la Norma General Antielusión, la fiscalización a Grupos Empresariales, el IVA a la compra de bienes importados a través de plataformas digitales y la información sobre el número de transferencias, entre otras. También incluye un procedimiento simplificado para el levantamiento del secreto bancario.
Al establecer el precepto legal objetado que el contribuyente que presente una declaración jurada incompleta sobre la celebración y ejecución de contratos derivados no podrá deducir las pérdidas reales y efectivas que hubiere experimentado, sin distinguir respecto de las declaraciones falsas, establece un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto, una sanción desproporcionada, contraria a la igualdad ante la ley, y a un racional y justo procedimiento tributario, alega el requirente.
Expertos advierten que, tal como está presentado el proyecto actualmente, el acceso y tratamiento de la información contenida en las fuentes de acceso público se verían muy restringidos, lo que dificultaría que las empresas –sobre todo las no relacionadas al mercado crediticio– puedan revisar data hasta ahora disponible, en el Registro Civil y SII, entre otros organismos.
No se indicó el volumen de documentación que importa el requerimiento. Asimismo, solo se hizo una somera descripción de las funciones que se verían comprometidas con la satisfacción de la solicitud de acceso, sin entregar mayores fundamentos, por lo que no se configura la causal de reserva alegada.
El Tribunal de alzada estableció que se debe mantener bajo reserva solo la información respecto al número de trabajadores de dichas empresas, información que, por lo demás, no está en poder del SII.
El SII alega que la limitación recursiva vulnera su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.
La actora alegó que con las retenciones ya ha pagado al Estado más del doble del monto total del crédito, lo que fue descartado por la Corte, ya que tales retenciones son meras provisiones para asegurar el pago de la cuota anual del préstamo que adeuda.
La multa sanitaria impuesta a la ex constituyente se encuentra actualmente bajo el conocimiento del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, tribunal ante el cual la actora puede efectuar alegaciones y peticiones sobre la materia discutida.
La Ley N°21.354 excluyó expresamente a quienes desempeñen actividades financieras y de seguros de acuerdo a los códigos de actividad económica del SII.
