La Corte tuvo en consideración que de ejecutarse la medida, podría ocasionarse un daño que perturbaría la unidad familiar, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento de esta.

Es necesario un protocolo para corregir la interpretación errónea del Servicio sobre la recepción de solicitudes de refugio de extranjeros que ingresaron irregularmente, ya que su actual práctica afecta derechos fundamentales y ha provocado una judicialización masiva. El protocolo debe regular la entrega y recepción de formularios conforme a la normativa vigente, asegurando que se cumplan los requisitos legales, incluyendo la comparecencia ante la PDI, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley N° 21.325.

Se ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por el recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos.

Determinó que la actuación de la recurrida generó una discriminación respecto de otros solicitantes en situación jurídica similar, quienes obtuvieron una respuesta formal y fundamentada dentro del plazo estipulado. Se ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de la recurrente dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la notificación de la sentencia.

Resolvió que la demora injustificada del servicio recurrido en el trámite de la solicitud vulnera los principios de celeridad, inexcusabilidad y economía procedimental, afectando además el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente al imponer una discriminación arbitraria en comparación con otros solicitantes en situación jurídica similar.

Resolvió que la autoridad migratoria atendió las consideraciones estipuladas en la Ley N°21.325 y no halló antecedentes suficientes que justifiquen la permanencia de la actora, evidenciado por la ausencia de vínculos familiares debidamente acreditados en Chile.

Tuvo en cuenta que el ingreso por paso no habilitado constituye una causal de expulsión grave, y que la reclamante evidenció desidia al no regularizar su situación migratoria desde su llegada a Chile en 2022, lo que demuestra un menosprecio por el sistema, al permanecer ilegalmente en el país sin iniciar los trámites pertinentes, y alegar que desarrolla una actividad remunerada, lo cual también realiza al margen de la ley.

Resolvió que la autoridad migratoria no razonó en torno a esta circunstancia, y que la orden de abandono significaría la separación de la madre de su hijo chileno y de su familia, vulnerando la Convención de Derechos del Niño y el principio de unidad familiar.

Resolvió que la autoridad administrativa infringió los principios de celeridad, conclusividad, economía procedimental e inexcusabilidad, dilatando indebidamente la decisión sobre la solicitud de regularización y excediendo el plazo establecido por la Ley N° 19.880, discriminando a la recurrente en comparación con otros interesados que recibieron respuestas formales en plazos razonables.

El máximo Tribunal resolvió que las alegaciones de ser madre de un menor de nacionalidad venezolana inserto en el sistema escolar chileno y de contar con una propuesta de contrato de trabajo condicionado a la obtención de los permisos migratorios requeridos, no tienen la entidad suficiente para impedir la expulsión.