Demora en la dictación de acto terminar infringe el artículo 27 de la Ley N°19.880, y vulnera la seguridad individual del amparado al mantenerlo injustificadamente en la incertidumbre jurídica.

En un plazo de 30 días el Servicio Nacional de Migraciones debe reevaluar su decisión en consideración a la actual solvencia económica del actor.

La permanencia de la amparada no se ve amenazada y en ningún momento el órgano recurrido le impidió circular por el territorio nacional.

La no resolución de la petición efectuada importa un problema de seguridad que coloca a la recurrente en una situación de incertidumbre injustificada.