Las penas establecidas en la ley por infracción a sus normas, no se aplicarán a quien entregue voluntariamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tales dispositivos dentro del plazo de ciento veinte días contado desde la entrada en vigencia de la ley, siempre que no se haya formalizado una investigación penal en su contra.
La norma establece que la deuda debe dividirse en 48 cuotas. Si cada una supera el 15% del valor de una boleta promedio, el Estado se hace cargo de dicha mora. Si pese a ello, la deuda persiste, las empresas sanitarias y eléctricas deben asumir el remanente.
Toda persona en razón de su dignidad tiene el derecho a acceder al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación.
El Ejecutivo presentará un mensaje mientras que un grupo de congresistas ya ingresó una moción. La idea es generar una solución de fondo para solucionar la morosidad iniciada en marzo de 2020, con motivo de la pandemia.
La iniciativa, enviada a comisiones tras ser objeto de indicaciones, prorroga la normativa hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, amplía el acceso de sus beneficios al 100% de las personas vulnerables.
El 30 de enero próximo vence la ley que permitió la repactación de las deudas. La intención es extender dicho plazo y evaluar con el Ejecutivo si parte de la deuda morosa podría ser asumida. También se evalúa ampliar los subsidios de agua potable y se replicaría este instrumento en el mercado eléctrico.
Más de 600 mil chilenos presentan alguna boleta impaga de electricidad o agua potable. Se solicitó información desagregada por comunas e identificar a las pymes deudoras.
La Sala de la Cámara de Diputados instó al Presidente de la República a que envíe un proyecto de ley que extinga las deudas de los usuarios acogidos a las leyes que regulan el corte de servicios básicos domiciliarios durante la pandemia.
Los propietarios se enteran de los convenios cuando los tenedores hacen abandono del inmueble, teniendo que financiar ellos los montos impagos.
En el marco de la pandemia el Senado tramitó y despachó esta iniciativa que aumenta a 270 días el plazo para evitar el corte de los servicios por las empresas proveedoras.
A fin de que ayudar económicamente a las familias.
