El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el principio de proporcionalidad, al establecer sólo un valor mínimo y un valor máximo, sin graduación, para sancionar con multa las infracciones, puesto que carece de criterios y pautas objetivas que debiese considerar el tribunal al momento de determinar la multa, en concreto, que debe ser aplicada.