Otorga certeza jurídica a los trabajadores del Sistema de Educación Pública y a los órganos encargados de interpretar administrativa y judicialmente las normas sobre derechos económicos de los asistentes de la educación.
No se advierte vulneración al derecho a la igualdad ante la ley en los términos denunciados por el requirente.
La iniciativa iniciada en moción de los senadores Letelier y Quintana fue aprobada en Sala, con 17 votos a favor y 2 abstenciones. Previamente, la Comisión de Educación también había informado favorablemente el proyecto.
En la próxima sesión ordinaria, los congresistas deberán votar el artículo único que reconoce las remuneraciones, ingresos, asignaciones y beneficios de aquellos funcionarios que tenían como empleadores a las Corporaciones Muinicipales de Educación.
