El máximo Tribunal hizo eco de las recomendaciones de la OIT, para resolver que la magistratura laboral no puede declararse incompetente para conocer un reclamo respecto de una resolución emitida por un órgano administrativo, si aquella dice directa relación con la libertad sindical y el derecho de huelga, pues en caso contrario, negaría a la reclamante el derecho a llevar ante la justicia un litigio con la administración.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada por sindicato de trabajadores de la administradora de fondos de pensiones y estableció el actuar arbitrario e ilegal de la parte recurrida.
El Tribunal de alzada acogió la reclamación judicial interpuesta en contra de la Dirección Nacional del Trabajo y fijó prudencialmente las dotaciones mínimas de personal que deberá mantener la empresa recurrente en cada una de las categorías solicitadas, para dar continuidad al servicios.
