Los Gobiernos Regionales han contribuido en las últimas décadas al financiamiento de proyectos de electrificación rural y de sistemas de agua potable rural, los cuales no hubiesen sido posibles sin el apoyo de empresas de su territorio, o bien, sin inversiones inversión pública o privada.
Además, establece subsidios temporales en beneficio de los clientes más vulnerables, lo que permitirá pagar un alto porcentaje de las obligaciones contraídas, tanto por concepto de electricidad, como por servicios sanitarios.
Solicita medida cautelar innovativa para detener toda actividad y trabajos realizados en el uso y aprovechamiento de aguas en los territorios de la Reserva.
Más de un millón de usuarios se encuentran en la condición de morosos. Se calcula que en promedio, cada uno debe al menos unos 350 mil pesos mensuales.
