La instalación de obstáculos, como cadenas y un estanque de agua, alteran el statu quo preexistente, lo cual perturba el acceso al predio de los recurrentes y se afecta su derecho al libre tránsito, constituyéndose la recurrida en árbitro de sus propios intereses, al margen del ejercicio de los procedimientos que nuestra legislación contempla para obtener judicialmente el reconocimiento del derecho que invoca.
Anteriormente, el querellante solicitó una servidumbre de tránsito respecto de la franja de terreno en litigio, por lo que reconoce dominio ajeno y su presunta posesión no es más que una mera tenencia tolerada por el querellado. El máximo Tribunal sostuvo que el demandante no puede pretender ir en contra de sus actos anteriores, intentando la protección de un derecho que él mismo ha reconocido no detentar.
Por existir una controversia entre las partes en cuanto al trazado para efectuar la instalación de postes y de la red eléctrica, no se cumple con uno de los presupuestos del recurso de protección, esto es, que exista un derecho indubitado por parte del recurrente.
La conducta de la recurrida es ilegal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 830 del Código Civil, que prohíbe al dueño de un predio sirviente alterar, disminuir o hacer más incómoda para el dueño del predio dominante la servidumbre.
El recurrente denuncia una privación ilegal y arbitraria del derecho real de servidumbre de tránsito peatonal que se encuentra constituida y válidamente inscrita.
Vecinos del sector instalaron un portón que impedía el uso del único camino entre la parcela de un particular y el estero.
La obstaculización del camino constituye una actuación contraria a derecho, pues el recurrido altero el statu quo vigente al ejercer un acto de autotutela ilícita.
El máximo Tribunal estableció que recurso no puede prosperar por estar centrado en la ponderación de la judicatura de primer grado.
El máximo Tribunal estableció que la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, realizó una correcta valoración de la prueba.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que declaró la caducidad de la servidumbre.
