El fallo sostiene que en los hechos los recurrentes practicaron una verdadera apropiación de un bien nacional de uso público, que carece de justificación, puesto que la naturaleza jurídica de este tipo de bienes indica que su utilización debe estar abierta a toda la comunidad.
Resolvió que, tal como fue autorizado el proyecto, comprende una intervención de 110,5 m² del humedal, lo que afectaría irreversiblemente el ecosistema protegido, contraviniendo la normativa vigente vulnerando la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El Juez requirente plantea que las normas legales objetadas podrían infringir el debido proceso respecto del deudor habitacional, desde que el Fisco puede emplazarlo en un domicilio en el que no habita, requiriéndolo de pago y embargando el inmueble que el SERVIU solicita que se le adjudique en la causa.
La recurrente quiso revertir la no renovación de su contrata para el año 2023, asilándose en la confianza legítima que le asistía al ser renovado el pacto por tres años consecutivos, tesis que fue desestimada por el máximo Tribunal al considerar que dicho principio puede ser esgrimido luego de cinco renovaciones anuales.
El proyecto propone eximir temporalmente de ciertos requisitos a familias cuyas viviendas han sufrido daños por efectos de socavones y a su vez potenciar la coordinación entre los distintos entes públicos encargados de políticas habitacionales.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que el tribunal redujo el máximo de lo permitido por la norma impugnada en más de un tercio de su justo precio
Se rechazó la acción de impugnación del oferente luego de que el MINVU declarara inadmisible su oferta por no cumplir con el plazo de 120 días hábiles para la vigencia de la garantía de seriedad exigida por las bases de la licitación, al computar los sábados como días hábiles cuando por aplicación supletoria de la ley 19.880 los plazos en el procedimiento licitatorio son de días administrativos y no se considera el día sábado.
La demandada no cumplió con su obligación de habitar el inmueble durante el plazo de 5 años luego de su adquisición, arrendándola a terceros e infringiendo así lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº49 del año 2011. La magistratura condenó a la beneficiaria a pagar al SERVIU las 725 UF otorgadas mediante el subsidio para la vivienda
El actor prestó servicios para el SERVIU, no obstante, realizó funciones tendientes a llevar adelante los objetivos que por mandato legal la Subsecretaria del Ministerio de Vivienda debe ejecutar y promover; por lo tanto, nada impide que pueda ser demandada por aquel.
Al carecer los indicados directores de un superior jerárquico, no tiene lugar la remisión de las copias a que alude el artículo 62 del Estatuto Administrativo (que permite a un subordinado desligarse de responsabilidad por una decisión ordenada por su superior, representándola).
La propia recurrente ha reconocido expresamente la existencia de una comunidad hereditaria, dentro de la cual, existe un inmueble en la localidad de Quellón en el que tiene derechos, pretendiendo fundamentar la arbitrariedad en un supuesto desconocimiento de aquello.
