El Tribunal de alzada estableció que los organismos recurridos omitieron su deber de fiscalizar a las empresas que estarían, desde 2015, construyendo 13 proyectos inmobiliarios registrados en la zona costera de Valdivia declarada saturada y de interés turístico.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio presentado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que anuló parcialmente la sentencia que había ordenado al Serviu V Región responder solidariamente por los $70.000.000 a que fue condenada la empresa a cargo de las obras.

La Corte de Talca indicó que, faltó al recurso el presupuesto básico para su procedencia.

El máximo Tribunal rechazó la excepción de falta de legitimidad pasiva del Serviu.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada.