El requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de legalidad financiera y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que aun cuando se incumplen las exigencias constitucionales y legales habilitantes del pago exigido, la Municipalidad se encontrará compelida a pagar la factura.

La sentencia debió contener razonamientos que justificaran su opción, pues en caso contrario, al asilarse en la mera formalidad de la falta de prueba directa, no es capaz de reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar sus conclusiones y con ello incumple la exigencia básica del artículo 297 del Código Procesal Penal.

El Tribunal de alzada estableció que se debe mantener bajo reserva solo la información respecto al número de trabajadores de dichas empresas, información que, por lo demás, no está en poder del SII.

El municipio de Rengo pretendía cobrar una deuda por patente municipal a una empresa que no cumplió con informar su capital tributario anual entre 1997 a 2019, castigando a la ejecutada con la multa que establece el artículo 52 de la Ley de Rentas Municipales, en circunstancias que desde el año 2008, con la entrada en vigor de la Ley Nº20.280 tal obligación corresponde al SII.

Un grupo de senadores planteó la urgencia de postergar en un año dicha tributación que afectará a diversas actividades, entre ellas, los gimnasios y los centros de acondicionamiento físico.

Tales sistemas se encuentran sujetos al cumplimiento de varios pasos necesarios para su validación.

El emisor no puede alegar desconocimiento del reclamo, ya que la plataforma provee los medios para acceder a dicha información.

Se acreditó la disminución fraudulenta del impuesto a la renta mediante facturas falsas; la disminución indebida del IVA débito fiscal; el aumento indebido del IVA crédito fiscal; y la omisión de la declaración del IVA. Asimismo, se acreditó subjetivamente malicia en el actuar.

Por haber incluido en la base imponible para el cálculo de la sobretasa del artículo 7 bis de la Ley N° 17.235, el avalúo fiscal de inmuebles que ya no son propiedad del contribuyente, lo que consta en inscripciones de dominio acompañadas al expediente.

El proyecto iniciado en moción de senadores apunta a entregar una nueva herramienta al Servicio de Impuestos Internos, sin que ello signifique modificar los derechos del secreto bancario o acceder al detalle de los movimientos de cuentas financieras.