La resolución impugnada no cumple con los requisitos exigidos a los actos administrativos terminales, pues es infundada jurídicamente y errada en sus motivaciones, por lo que la única forma de sanear el perjuicio sufrido por el contribuyente es declarar su nulidad tributaria.

El SII, en ejercicio de la potestad extraordinaria de validación de requisitos, estimó que la actora no cumplía con las condiciones para acceder a dicho beneficio, por lo que no existe un actuar ilegal o arbitrario.

Conforme a lo señalado expresamente en la R.E. N° 42 de 2002 del SII, el propio contribuyente, en principio, deberá fijarle la vida útil a dichos bienes, asimilándolos a aquellos que tengan las mismas características o sean asimilables a los contenidos en la mencionada tabla.

El SII ha aplicado un avalúo fiscal desproporcionado, arbitrario y no ajustado a la realidad, al haber contemplado factores no previstos en la Ley N° 17.235, sobre impuesto territorial.

El artículo 97 N° 4 del Código Tributario exige la realización maliciosa de maniobras que tengan por objeto aumentar en forma indebida el verdadero monto de los créditos fiscales, por lo que el SII tiene la carga probatoria de acreditar que el contribuyente actuó dolosamente, es decir, que sabía y quería realizar la conducta y sus propósitos.

No vulnera las garantías de la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Se denunció que el SII excedió las atribuciones que le otorgó la Ley N°21.323.

El recurrido se ha limitado a dar estricta aplicación a la Ley 21.252, en cuanto prescribe que el beneficio sólo resulta admisible respecto de los trabajadores dependientes, no siendo el caso de la actora.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El objetivo perseguido con este beneficio es prestar nuevos apoyos a las MYPEs, que se han visto afectadas en el contexto actual de la crisis sanitaria y económica.